Urgencia y eficacia en la Protección a la Infancia y adolescencia en Chile

La Ley de Garantías y Protección de Derechos de la Infancia -proyecto anunciado, pero cuyo texto aún no se ha dado a conocer-, debe traducirse en un marco legal y operativo que aborde el problema desde una mirada sistémica y que incluya el trabajo de los diversos actores involucrados: Justicia, Educación, Salud, Vivienda, Trabajo y Desarrollo Social.

Las instituciones que trabajamos con infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad, hemos sido testigos de múltiples iniciativas que, pese a los buenos propósitos, han terminado en soluciones parciales y fragmentarias. Hoy entendemos que si esta temática social no se enfrenta correctamente, hipotecará gravemente el futuro de Chile como nación justa e igualitaria.

Como padres procuramos a diario atender las necesidades de manutención, salud, educación, formación valórica y, especialmente, de afecto de nuestros hijos. Es lo que requieren todos los niños de nuestro país, más aún aquellos que sufren una sistemática vulneración y abuso de sus derechos más elementales.

Con el transcurso de los años la naturaleza de este problema ha ido variando y complejizándose, requiriendo hoy de una intervención altamente tecnificada y de redes institucionales que atiendan coordinadamente la protección de los niños, niñas y adolescentes. Es la respuesta que necesitan las situaciones graves de abandono, maltrato físico y psicológico, abuso sexual, drogadicción y falta de afecto, las que debemos enfrentar con urgencia y eficacia.

Tenemos claro que la familia es la primera y natural responsable de la formación, cuidados, protección y guía de los niños, y que el Estado desempeña un papel irreemplazable en la materia, no solo para garantizar que la familia pueda cumplir con sus deberes, sino manteniendo la integralidad, coherencia y eficacia de las acciones y políticas públicas destinadas a velar por los derechos de la niñez.

Sin embargo, el problema atañe a todos los integrantes de la sociedad, lo que supone y necesita de la articulación con la sociedad civil en los más variados espacios. La participación de estas organizaciones enriquece la mirada con que se abordan las problemáticas de infancia, al tener no sólo un conocimiento teórico, sino práctico derivado de su trabajo diario con niños en situación de vulneración.

Por ello, no debe haber ahora ni en la futura legislación espacio para la desconfianza en nuestras instituciones, sino una opción decidida por la colaboración en la búsqueda de soluciones. Nuestras organizaciones merecen ser escuchadas y consideradas por la autoridad pública, al momento de implementar sus políticas, criterios y normas, dada su solvencia técnica, experiencial y moral en la protección de la infancia.

A 25 años de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, urge una legislación acorde para proteger de mejor forma a la niñez, pero ni la más moderna y mejor estudiada ley garantizará por sí misma la superación de las actuales falencias. Se requiere que el Estado comprometa los recursos económicos y humanos necesarios para dar eficacia práctica al sistema de protección de derechos.

Más aún, se requieren procedimientos y mecanismos jurisdiccionales de protección, capaces de integrar a todos los sectores involucrados bajo un ente coordinador. Ello permitiría superar los actuales déficits que se traducen en carencia, deficiencia y descoordinación de servicios y prestaciones, lo que redunda en una atención muchas veces de mala calidad, ineficaz e inoportuna de nuestros niños.

Las instituciones colaboradoras de Sename también necesitamos reglas claras y estables que generen las condiciones para cumplir nuestra misión. En este sentido, nos afecta seriamente el sistema de licitaciones de proyectos de un año o año y medio de duración, ya que dificulta la conformación de equipos estables y de alta calificación, comprometiendo la calidad de las prestaciones a los niños y constituyendo un despropósito en el camino colaborativo.

También se necesita un reforzamiento -a nivel legislativo y gubernativo- de los programas y acciones de prevención, cuyos resultados son más beneficiosos y de menor costo, que actuar tardíamente cuando los niños y jóvenes ya han sido víctimas de abusos de sus derechos o han incursionado en prácticas delictivas. La acción preventiva, hoy un propósito prioritario para nuestra Fundación, permite entregar esperanza y oportunidades a los niños, adolescentes y familias.