No está demás insistir en la interdependencia entre rehabilitación y protección de la sociedad cuando observamos tendencias que insisten en endurecer las leyes para jóvenes infractores, emulando el sistema de justicia para adultos. Si esto se materializa, sería un importante retroceso, plantean los expertos Jacques Dionne y Cristián Altamirano.
Los especialistas, quienes expondrán en el II Seminario Internacional de la Fundación -“Diálogos sobre Infancia y Adolescencia: construyendo un sistema de garantías y protección de derechos en Chile”, a realizarse el 26 de agosto-, destacan que la evidencia científica ha ratificado que un sistema de justicia juvenil “realmente justo y eficaz” debe ser diferente del régimen adulto, y fundarse en la consideración del nivel de desarrollo de los adolescentes y en el derecho a la igualdad de oportunidades para favorecer su integración exitosa en la comunidad (Trépanier, 2004).
En el artículo “Los desafíos de un verdadero sistema de justicia juvenil: una visión psicoeducativa”, y basándose en la experiencia de 60 años de la provincia de Quebec (Canadá) y en la literatura científica sobre las intervenciones más eficaces, Dionne y Altamirano analizan los principales retos que enfrentan esos sistemas cuando se proponen respetar cabalmente los principios básicos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Desde hace algunos decenios, la gran mayoría de los países han firmado compromisos formales respecto a los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, legislando y ratificando convenios al respecto como la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. “Si bien este es un paso político importantísimo en lo que respecta a la protección y el respeto de los derechos de los jóvenes, las leyes y los convenios no serán de gran utilidad si el país no instaura prácticas sociales y profesionales coherentes con sus principios”, sostienen.
Agregan que, pese a haber aprobado leyes nacionales y convenios internacionales, en muchos países de América Latina, Europa y Norteamérica “se impone hoy la exclusión, la negación de derechos y la represión de las poblaciones infanto-juveniles más vulnerables”. Ejemplo de esto, precisan, son los casos de jóvenes recluidos en cárceles para adultos o esperando ser juzgados en establecimientos insalubres, donde reina la ley del más fuerte.
Dionne y Altamirando advierten que mientras se acuda al sistema de justicia penal juvenil para compensar importantes falencias en los sistemas de educación, salud y protección de la infancia, se contravendrá gravemente la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (particularmente los artículos 37-39 y 40).
Asimismo, destacan la coincidencia de varios autores en que el desafío de respetar los estándares de la Convención necesita de una transformación profunda de los sistemas de justicia juvenil de muchos países (Cillero Bruñol, 2009; Walters, 2009).
Hacen notar que para la Asociación de Centros Juveniles de Québec -responsable del sistema de intervención para jóvenes infractores-, más que la ley, lo que importa es la manera de aplicarla. Este juicio se basa en una trayectoria de más de sesenta años de esfuerzos dedicados a mejorar el sistema de justicia para menores de edad en esa provincia canadiense.
Los desafíos que, según ambos expertos, deben enfrentar esos sistemas para que el joven infractor sea considerado un sujeto de derecho, son: a) el desarrollo de competencias específicas de su personal técnico, profesional y de dirección, b) la colaboración entre sus diferentes actores, c) el rigor de las intervenciones y en las evaluaciones y d) la diferenciación y el equilibrio entre prevención, rehabilitación y protección de la sociedad en los sistemas de justicia juvenil.
Dionne y Altamirano hacen hincapié en una perspectiva psicoeducativa centrada en el joven como persona, en su familia y en su entorno social. Los educadores guiados por esta perspectiva, “saben que la mejor manera de resolver las crisis individuales de los jóvenes es facilitando el desarrollo de cada uno de ellos, sean o no infractores. En esta perspectiva, justicia legal y justicia social son absolutamente interdependientes”.
Postulan que dado que los jóvenes infractores de hoy serán mañana ciudadanos adultos y miembros de la sociedad, se debe partir de la convicción de que “la mejor manera de proteger a la sociedad será siempre la rehabilitación y la prevención de la reincidencia”.
Metro Tobalaba
