La embajadora ante las Organizaciones Internacionales en Ginebra, se refirió al panorama regional en materia de adecuaciones legales a la Convención de los Derechos del Niño, destacando que algunos países se encuentran “sumamente” atrasados, como es el caso de Chile que ha realizado reformas importantes pero aún carece de una aproximación integral basada en un enfoque de derechos
Marta Maurás destacó la necesidad de una implementación integral de la Convención de los Derechos del Niño en Chile, señalando que se debe avanzar cuidadosa y sistemáticamente con un horizonte ético/político: “todos los niños, niñas y adolescentes chilenos tienen iguales derechos y esto debe plasmarse en el imaginario nacional, en la Constitución, en las leyes y en las políticas públicas”.
“Menos que eso ya no es posible”, puntualizó la experta en política social y derechos del niño y de la mujer, al dictar la Conferencia Inaugural del Seminario “Diálogos sobre Infancia y Adolescencia: Construyendo un Sistema de Protección Integral en Chile”, organizado por la Fundación Ciudad del Niño.
En su exposición, la embajadora se refirió a un reciente informe de ONGs, indicando que hechos como que el 70 % de los niños sufra maltrato; que uno de cada cuatro reciba maltrato físico grave por parte de su padre, madre o cuidador; que el abuso sexual alcance a casi el 10% de los niños; que existan 280.000 niños que trabajan y que la pobreza afecte en mayor proporción a los niños que a los adultos, ponen en evidencia la falta de una aproximación integral basada en un enfoque de derechos. Todo ello, sin negar los avances en materia de salud, nutrición, educación y reducción de la pobreza.
“Es cierto que se ha avanzado con algunas reformas legislativas en cuestiones sustantivas. Sin embargo, el resultado neto ha sido negativo ya sea medido contra los estándares internacionales e incluso latinoamericanos o contra la misma realidad”. Recordó que el Comité de Derechos del Niño ha reiterado la necesidad de avanzar con una aproximación más integral y sistémica. En este sentido, destacó la dictación, por parte del Gobierno, del Decreto Presidencial que establece la articulación de la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y la creación del Consejo Nacional de la Infancia, señalando que el momento político de esa decisión parece acertado y “necesita aprovecharse y apoyarse”.
Hizo presente el contexto de mayor exigencia y participación registrado en los últimos años en el país, el que “parece desafiar los obstáculos que hasta ahora enfrentaba la adopción de una visión de los niños como sujetos de derechos: las inercias institucionales, los intereses corporativos, la desconexión sectorial y territorial, las visiones doctrinarias del pasado y hasta la falta de liderazgo político”.
Concluyó que aún es muy incipiente la conciencia –o la voluntad política- sobre la necesidad de diseñar sistemas de protección de derechos que formen una unidad con los ejes de las políticas sociales universales de salud, educación, empleo y vivienda. “Más difícil aún es lograr que tengan un carácter preventivo, con intervención e inversión temprana, no sólo para evitar el daño sino para aumentar la eficiencia de la acción pública”, manifestó.