El anuario estadístico 2014 del Servicio Nacional de Menores da cuenta del aumento de niños, niñas y adolescentes atendidos a nivel nacional especialmente por situaciones de maltrato y abuso sexual. Los datos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública tampoco son alentadores. Según el estudio de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales el 75% de los niños y adolescentes declaró haber sido víctima de violencia o maltrato y un 30% reportó violencia entre los padres.
Desde el año 2005 los casos policiales por violencia intrafamiliar registrados han aumentado un 47% y los casos de abuso sexual a niñas menores de 14 años aumentaron un 77,4%.Las cifras sustentan el aumento de la oferta de programas especializados, sin duda necesaria, pero la complejidad del maltrato y abuso sexual requiere respuestas integrales. Las políticas de infancia focalizadas, o denominadas de protección especial, sólo pueden realizar su trabajo con miras a la superación y reinserción en contextos receptivos y de cooperación, generando un contexto protegido en el cual reanudar el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. El contexto de protección se genera a raíz de las dinámicas relacionales entre los diversos actores del espacio local, siendo claves en la dinamización y empoderamiento de la comunidad los profesionales de los proyectos de protección a la infancia.
Lo señalado nos invita a reflexionar sobre el cierre de los proyectos de prevención comunitaria (en adelante PPC) tomando como caso la comuna de Peñaflor. La distribución de la oferta de protección a la Infancia de la comuna es completamente irregular, dada la inexistencia de una red de programas, lo cual la sitúa en dos extremos; por una parte un programa de prevención comunitaria (PPC), por el otro, un programa de reparación y maltrato grave (PRM). A su vez ambos operan institucionalmente por vías distintas, el primero da respuestas a demandas de tipo administrativo, el otro, a procesos judiciales. Más allá de la población infantil de la comuna y sus indicadores, la oferta presenta serias deficiencias de diseño dado que no considera oferta programática que permita una articulación y coherencia. Sin embargo, y pese a la complejidad del déficit de oferta, los profesionales intentan dar coherencia a una oferta inexistente localmente haciendo uso de mecanismos formales y redes informales. Evidencia de lo señalado es la generación de una red de infancia en la comuna. Dichos profesionales ponen su capital social y humano especializado al servicio de la generación de entornos protectores.
El cierre de los PPC nos invita a reflexionar respecto a la urgente necesidad de planificación territorial con énfasis local para la protección de la Infancia. Ante la ausencia de planificación territorial, el SENAME debe procurar considerar todas las posibilidades frente a determinar un cierre de una línea de atención, con la finalidad de minimizar el impacto en las comunidades, dado que los proyectos y sus profesionales han tejido redes y fomentado el capital social, siendo validados como agentes protectores y dinamizadores de entornos apropiados para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
El espacio cotidiano es fundamental para el desarrollo, la protección se genera mediante la confianza que facilita la interacción y colaboración basados en aprendizaje. Lo que perdemos hoy, es la confianza y el proceso de aprendizaje de los actores de la comunidad respecto a la protección de la infancia. La situación de los PPC interpela tanto al SENAME como a la red de colaboradoras a pensar en una oferta territorial organizada, coherente e integrada con base territorial para afrontar la complejidad de la violencia, el maltrato y el abuso sexual, valorizando el espacio cotidiano en el cual se tejen las relaciones y se potencian los vínculos protectores.
(El autor agradece el apoyo de Paz Rey, directora PRM Peñaflor y su equipo).
Metro Tobalaba
