Las infancias y juventudes con las cuales trabajamos no son homogéneas, particularmente en territorios de alta pertenencia étnica, de ruralidad o de migración. A pesar de ello, observamos que las políticas públicas de infancia han sido pensadas desde una lógica monocultural occidental, lo cual disminuye la pertinencia y eficacia de nuestra intervención. 

En la implementación de la Ley 20.084 se incorporó a la justicia juvenil una medida previa a una sanción o al cese de la intervención judicial, como es la Medida Cautelar Ambulatoria (Art. 155. letra B. CPP, recurso existente en nuestro sistema para adultos), la que se puede aplicar a los(as) adolescentes después de producido el control de detención. De allí que la relevemos como un recurso estratégico del sistema judicial, en cuya utilización podemos -como operadores de la medida- colaborar más allá de la acción orientada al control y la persecución penal en un proceso que involucra un conflicto tanto para el joven como para su familia y en el que, debido a una acción hacia un tercero, arriesga una posible sanción.