Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) de infancia plantearon la “urgente” necesidad de constituir un órgano rector que no solo coordine, sino que monitoree y regule la política pública enfocada en la niñez y adolescencia. Esta fue una de las conclusiones de un encuentro de los actores de la sociedad civil convocados para promover una reflexión y formular propuestas para la construcción de una nueva institucionalidad sobre la materia.
En la jornada coordinada por los representantes del sector en el Consejo Nacional de la Infancia, participaron más de 40 organizaciones -entre ellas, Fundación Ciudad del Niño-, abordándose cuatro temas específicos: las funciones que debiera tener una nueva institucionalidad de niñez y adolescencia; sus dispositivos a nivel territorial y comunal; los puntos críticos del sistema actual y el rol de las ONGs en la nueva propuesta.
El análisis del primer punto –las funciones de una nueva institucionalidad de niñez y adolescencia- arrojó las siguientes conclusiones:
– La fragmentación de la política pública en el trabajo con niñez en los distintos territorios a nivel nacional, dificulta la labor de restitución o vivencia de derechos en la población menor de edad. Se hace urgente y necesaria la constitución de un órgano rector que no solo coordine, sino que monitoree y regule la política pública enfocada en niñez y adolescencia. Además, es necesario que esta instancia tenga la capacidad de exigir la coordinación de los distintos ministerios para promover su rol de garantes de derechos. La existencia de un órgano de este tipo, permitiría el trabajo integrado de los distintos programas y políticas públicas vinculadas con niñez, favoreciendo su eficiencia, eficacia y coherencia.
– Es relevante también, contar con un sistema unificado de información sobre derechos humanos (DDHH), sobre todo en el caso de niños, niñas y adolescentes. La inexistencia de dicho sistema dificulta la posibilidad de generar políticas públicas y programas pertinentes, con un presupuesto justo asignado.
– El Estado debe asumir su rol de garante principal de los DDHH de la niñez. Para ello es urgente y necesario contar con una Ley de Protección Integral, una política de DDHH universal en materia de niñez, que permita dejar a un lado la doctrina de situación irregular que ha primado la política pública nacional en materia de niñez.
– Estos cambios deben estar fundados en procesos de participación activa de niños, niñas y adolescentes, comprendiéndolos como los sujetos sociales de derechos que son. Y estas instancias de participación no pueden reducirse a lo consultivo, sino que deben promover la participación activa, la incidencia y el monitoreo desde sus organizaciones.
En relación a los dispositivos a nivel territorial y comunal, las recomendaciones fueron:
– Promover la existencia de un Consejo local de niños con características vinculantes y de participación universal, además de favorecer la generación de espacios de participación para la niñez desde lo local y microterritorial.
– También es necesario contar con una instancia comunal articuladora de estas experiencias de participación, capaz de unificar las diversas áreas implicadas en dar respuesta a la situación de la niñez en los territorios (salud, educación, vivienda, apoyo familiar, entre otras).
– Es necesario que este ente regulador genere una metodología de trabajo orientada a la experiencia de las alertas tempranas, que permitan dar una respuesta oportuna a las situaciones de vulneración de derechos que viven niños y niñas.
Las conclusiones respecto a los puntos críticos al sistema actual, apuntaron a que:
– Continúa primando en la política pública nacional un paradigma de situación irregular al trato de la infancia. Esto dificulta la generación de espacios educativos con la niñez en donde sean reconocidos como sujetos de derechos. Por ello es urgente generar procesos de educación para la transformación de ese modelo, enfocados sobre todo en los trabajadores dedicados a temáticas de niñez.
– El Estado se ve tensionado en su rol histórico orientado meramente a la subsidiariedad, no responsabilizándose de su rol de garante de derechos, contraído libremente al ratificar la Convención. Por ello es necesario que el Estado promueva la participación de la sociedad civil, como un actor clave e imprescindible en el proceso de cambio paradigmático en el trabajo con la niñez, valorando su historia de ejecución de políticas públicas e innovación desde los contextos reales.
– La deuda con la niñez de nuestro país al no contar con una Ley de Protección Integral de derechos es una falta ética que ya se hace injustificable.
Finalmente, y en cuanto al rol de las ONGs en esta nueva institucionalidad, el énfasis estuvo en lo siguiente:
– La sociedad civil tiene como rol monitorear la política pública con el fin de evaluar y tomar decisiones que mejoren la oferta en el trabajo con la niñez. El control social es una práctica coherente en contextos de democracia, cuya finalidad es resguardar la pertinencia de las políticas públicas en ejecución. En términos generales, esto implica ejecución y evaluación constante de la política pública, promoviendo la participación de la niñez.
– La participación activa de la sociedad civil en la planificación, ejecución y evaluación de la política pública es un acto de abogacía e incidencia que permite el fortalecimiento de la democracia.
Metro Tobalaba
