La destacada abogada y académica, y consejera de la Fundación Ciudad del Niño, comentó su participación en el estudio “Niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales frente al sistema de justicia penal” junto a distintos profesionales de la Universidad Católica.
María Elena Santibáñez es consejera de la Fundación Ciudad del Niño desde el año 2015. Es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y fue distinguida en 2018 con el Premio Abdón Cifuentes que reconoce a los docentes que buscan impactar positivamente en la sociedad, siendo un aporte al país y al desarrollo de las políticas públicas.
A través de su formación como abogada siempre ha estado ligada a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Acaba de formar parte del equipo de investigadores que realizaron el estudio “Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de delitos sexuales frente al sistema de justicia penal”, junto a los académicos Pablo Carvacho (Instituto de Sociología y Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC), Javier Velásquez y Catalina Ortúzar (Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC). El Centro UC de Políticas Públicas organizó un seminarios para la entrega del estudio.
La presentación de los resultados entregó cifras relevantes, entre las que se pueden destacar:
- En una década, las denuncias anuales de delitos sexuales con víctimas NNA casi se duplicaron, tomando como inicio el año 2007 (16.623 denuncias) y término en 2018 (29.633 denuncias).
- Para el mismo periodo de tiempo (2007-2018), un 79% por ciento de las denuncias no fueron formalizadas en el sistema judicial.
- Sobre los tipos de salida en causas de delitos sexuales con víctimas NNA, un 66% de los casos con denuncia formal terminaron con una salida no judicial; sólo un 25 de ellos tuvo una salida judicial (2007-2018).
- Sobre las formas de término del total de denuncias de delitos sexuales contra NNA, un 54% de ellas resultaron archivadas provisionalmente (2007-2018).
El análisis del Centro de Estudios Justicia y Sociedad se centró también en el accionar de los fiscales, en los criterios legales y extralegales, y en la operatividad de las instituciones que trabajan con víctimas de estos delitos para forjar diferentes conclusiones.
Tras la entrega de los resultados del estudio, la abogada María Elena Santibáñez señaló que “creo que efectivamente el panorama se ve bastante desolador, por lo que es importante seguir avanzando en contra de los delitos sexuales”.
Para ahondar más en el tema, afirmó que “sobre las denuncias de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, al revisar las cifras vemos que hay un 54% de causas que se archivan. Pero lo importante es ver cómo esas cifras conversan con el resto de los delitos. Eso es lo determinante. Si uno ve las cifras, ese 54% de archivo es casi diez puntos porcentuales por sobre el resto de los delitos, así ocurre por ejemplo el año 2018. Si vemos el ejercicio de la facultad de no perseverar, es 3 puntos porcentuales más alto que el resto de los delitos. Si vemos las sentencias absolutorias, también son casi 3 puntos porcentuales más altas que el resto de los delitos. El sistema de justicia –claramente– no está dando el mismo tratamiento a los delitos sexuales en relación con el resto de los delitos. Y eso es preocupante”.
Sobre qué factores impiden un mejor funcionamiento del sistema judicial, María Elena Santibáñez precisó que “en el panel de la presentación del estudio se mencionó el tema de los sesgos en el proceso judicial para este tipo de casos. Yo estoy convencida que existe un sesgo socioeconómico, porque en este proyecto nos hemos encontrado con gente que no tiene recursos para tener representación judicial, y claramente hay una diferencia con quienes sí tienen posibilidad de tener un abogado. Todos esos son factores en los que tenemos que poner alertas”.
Desde una perspectiva propositiva, Santibáñez valoró las iniciativas que ya se han anunciado para abordar esta problemática: “Además de temas que apuntan a mejoras en el accionar de los jueces, el Gobierno ya anunció su intención de echar a andar una Defensoría de Víctimas. Ya hemos tenido reuniones con el Ministerio de Justicia en el sentido de poner énfasis en algunos delitos…Estos delitos son los que requieren de manera urgente de una Defensoría de Víctimas de calidad. Creo que eso puede hacer una diferencia importante, que las víctimas de delitos sexuales puedan contar con una buena representación legal”.
Tras la presentación por parte de los académicos UC de los resultados del estudio “Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de delitos sexuales frente al sistema de justicia penal”, sus conclusiones fueron comentadas por el panel conformado por Juan Pablo Hermosilla, director de la Fundación para la Confianza; Gonzalo Berríos, subdirector Escuela de Postgrado de Derecho de U. de Chile; Roberto Rodríguez, asesor de la unidad especializada en DDHH, violencia de género y delitos sexuales de la Fiscalía Nacional, y Karin Hein, coordinadora legal de Fundación Amparo y Justicia.
Puedes revisar más información del seminario del Centro UC de Políticas Públicas en este link.
Metro Tobalaba
