Desde nuestra experiencia psicosocio-jurídica en el Programa de Reparación del Maltrato (PRM) en Talagante, hemos observado que los adolescentes que se encuentran superando una experiencia de vulneración constitutiva de delito, expresan la necesidad de conocer las Garantías Constitucionales y Derechos de los que son titulares; así como la forma en que éstos se ejercen.
Podemos observar que con el avance del proceso terapéutico en PRM, los adolescentes de manera paulatina comienzan a reconocerse como sujetos de derechos. Requiriendo orientación jurídica, asociadas a tres motivos de consulta: primero, derechos vulnerados relacionados con la causal de ingreso. Segundo, otras vulneraciones vivenciadas en su historia vital (maltrato psicológico, bullying, opinión no considerada, parentalización, etc.). Y tercero, garantías y derechos de los que son titulares, debido a su autonomía progresiva y etapa del desarrollo (libertad sexual, responsabilidad penal, administración de peculio profesional e industrial[i], etc.).
Es por esta razón que surge la idea de innovar en una modalidad de encuentro de orientación jurídica, para lo cual se utiliza una intervención a nivel grupal con una metodología lúdica, y que responda a las características de la etapa y perfil de los adolescentes. Sumado a lo anterior, se construye un “Naipe Jurídico”[ii] para facilitar a los participantes el conocimiento y ejercicio práctico de sus derechos consagrados, no sólo en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, sino que en general, en todo el ordenamiento jurídico chileno[iii].
Es importante expresar que la creación del “Naipe Jurídico” estimula la capacidad del adolescente de establecer una mayor comprensión de las probabilidades relacionadas al Derecho, por lo que se ha trasformado en una metodología estable dentro del proceso de intervención con adolescentes en el PRM Talagante, que se encuentran en etapa de intervención y de pre-egreso.
Durante los encuentros se ha observado cómo los adolescentes, a través del uso del “Naipe Jurídico”, van explorando sobre diferentes preguntas de su interés, y donde el diálogo de los participantes ha mostrado –de manera sorpresiva para las interventoras– que la apertura de un juicio por Vulneración de Derechos en los Tribunales de Familia es considerada por los adolescentes como un hito positivo en sus vidas.
Por otra parte, podemos afirmar que a medida que se va llevando a cabo el juego de naipes en la sesión, los adolescentes exploran activamente el cómo llevar a cabo el ejercicio de sus derechos en todos los ámbitos de su vida, destacando la necesidad de ponerlos en práctica desde lo micro a lo macro. De lo anterior, se pueden establecer narrativas como las siguientes:
–Santiago: “¿Con 14 años puedo emanciparme?”
–Camilo: “Si trabajo en el verano, ¿tiene que autorizarme mi mamá?”
–Yasmina: “¿Puedo pedir pensión de alimentos a mis papás?”
–Estefanía: “¿Cuándo entro a la sala con la jueza, mi voz no se escucha afuera?”
–Esteban: “¿Si en el colegio me discriminan por mi condición sexual, puedo activar la Ley Zamudio?”
–Rocío: “¿El tribunal da una medida cautelar a un desconocido?” (Víctima ASI ofensor indeterminado).
–Camila: “¿Mi pololo me pude pegar como una broma?”
Entre otras.
Lo anterior nos ha permitido concluir que a través del conocimiento de los adolescentes, de sus derechos y garantías constitucionales a través de la forma cómo se ejerce en lo cotidiano, estimula el empoderamiento en los participantes, al reconocerse como sujetos activos de derechos.
Por lo que esta modalidad de intervención potencia y contribuye al proceso de superación de la experiencia de vulneración, restituyendo –en parte– el imperio del derecho.
Por último, destacamos que en el proceso individual de una adolescente de 14 años (víctima de ASI y maltrato físico grave), posteriormente a su participación en el encuentro jurídico, solicitó de manera espontánea a la dupla interventiva ejercer el derecho a ser escuchada en una audiencia reservada ante el Tribunal de Familia competente. Lo que se concretó en una audiencia posterior de revisión de medidas de protección, empoderándola de esta forma de manera empírica en el ejercicio de una acción jurídica necesaria para su bienestar.
Claudia Mardones Vegas, psicóloga
Evelyn Muñoz Pérez, abogada
Programa de Reparación del Maltrato, Talagante
Fundación Ciudad del Niño
Metro Tobalaba
