Desde mediados del siglo XIX la relación entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de atención a la infancia, ha seguido una lógica más cercana a la subordinación que a la colaboración, siendo este uno de los nudos críticos a resolver, puesto que la complejidad de los fenómenos sociales hace necesarios vínculos más horizontales que favorezcan la diversidad y el diálogo.
Históricamente, las Organizaciones de la Sociedad Civil hemos sabido adaptarnos a los cambios requeridos para enfrentar la situación de los niños, niñas y jóvenes en condición de vulnerabilidad. Este proceso ha ido acompañado de un alto desarrollo técnico y capacidad de innovación, traduciéndose en nuevas y efectivas metodologías de intervención.
Pero las organizaciones que trabajamos con la infancia enfrentamos serios problemas para realizar los procesos de intervención. La fragmentación de la política pública resulta hoy insostenible dado que las problemáticas y necesidades de los niños y niñas son multidimensionales y diversas. Por lo tanto, las soluciones también requieren de un enfoque múltiple.
La ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño implica que el Estado en su conjunto asume la responsabilidad de garantizar esos derechos, pero el Servicio Nacional de Menores carece de las atribuciones para ejercer un papel efectivo. Esto se vincula a la carencia de una Ley de Protección Integral de la Infancia que permita una acción concreta y coordinada de los diversos sectores que deben participar en esta tarea.
En gran medida, son las propias OSC las que coordinan las medidas adicionales necesarias, administradas por otros sectores, para la atención a niños y jóvenes, careciendo de facultades e imperio para hacerlas exigibles. Adicionalmente, la falta de coordinación y diálogo entre órganos del Estado y entre estos y la sociedad civil, redunda en disposiciones o acciones que pueden resultar incoherentes o impracticables por no existir los medios necesarios para un cumplimiento eficaz.
Otros factores críticos se relacionan con la insuficiencia de recursos para cumplir con los estándares éticos exigidos; con la lógica de pago por prestación o niño/atendido en el sistema de financiamiento, y con los procesos de licitación, los cuales en vez de impulsar la colaboración entre las entidades de la sociedad civil, introducen una competencia que lleva a mantener en reserva las metodologías desarrolladas.
Coincidiendo en que urge la definición de una Política de Estado para la Infancia, y la promulgación de una Ley Integral de Protección de Derechos, resulta indispensable otorgar a nuestras organizaciones un rol más protagónico en la construcción de la política pública, concibiéndolas como aliadas estratégicas y no como meras ejecutoras y proveedoras de servicios básicos.
Así, la futura Ley de Protección Integral debiera incorporar mecanismos que exijan el diálogo, establezcan los modos de articulación y velen por la transparencia de los mismos, de manera que el acercamiento público-privado en torno a las políticas de infancia con enfoque de derechos, sea una práctica resguardada y garantizada. Es decir, una sociedad civil con una participación vinculante y no solo consultiva.
Extracto de la ponencia presentada por la Sra. María Teresa Sepulveda, Directora Técnica de la Fundación Ciudad del Niño, en el Seminario “Diálogos sobre Infancia y Adolescencia: construyendo un sistema de protección integral”.
Metro Tobalaba
