Ideas claves para avanzar a un nuevo sistema de atención a la infancia, planteó el Presidente de la Fundación, José Pedro Silva, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ocasión en que también abordó la situación de los centros de protección dependientes del Sename y la responsabilidad del Estado en la materia.
Entre los párrafos destacados de la exposición de José Pedro Silva, figuran los siguientes:
• La superación de las dificultades que enfrentan los niños y jóvenes que atiende el sistema Sename, requiere de acciones que van más allá de la esfera psicosocial –el foco de dicho sistema -, y que involucran a otros organismos estatales (problemas de salud, retraso escolar, dificultades de aprendizaje y desescolarización, situaciones de violencia intrafamiliar, consumo de drogas, viviendas precarias, etc.).
• El principal problema es que la respuesta que damos a los niños y niñas es parcelada, inoportuna y descoordinada.
• A ello se suma una cobertura insuficiente, listas de espera para la atención y derivaciones por el art. 80 bis, cuyo pago se efectúa con meses y años de retraso.
• De los 106.000 niños, niñas y adolescentes que a diciembre de 2015 estaban en el área de protección de SENAME, el 7.5% corresponde a Centros Residenciales, el núcleo más duro en términos de vulneración y complejidad.
• Las residencias son el área más crítica del sistema. Sin embargo, según un estudio realizado en el sector, el Estado financia el 59% de los costos de cada niño/a, debiendo las instituciones colaboradoras aportar el restante 41% . Con el aporte de dichas organizaciones se logra que las residencias puedan funcionar, pero no en el nivel de calidad que asegure una atención óptima.
• Algunos problemas recurrentes de las Residencias: el personal de trato directo no cuenta con especialización, debido al bajo nivel de remuneraciones al que puede acceder; los problemas de retraso escolar no son atendidos por educación; existen desfases de meses en las atenciones especializadas de salud y dificultades significativas para la contratación de personal, dado el nivel de remuneraciones.
• A pesar de que los organismos colaboradores atienden al 97.4% de los niños, niñas y adolescentes que ingresan a la Red Sename, los recursos transferidos corresponden sólo a un 64% del total de recursos disponibles en dicho Servicio, el cual atiende a un 2,6% de los NNA que llegan a la Red y dispone de un 36% de su presupuesto anual.
• En los programas ambulatorios los recursos de la subvención son insuficientes para cumplir con las exigencias técnicas, especialmente en las líneas de Diagnóstico Ambulatoria (DAM) y de Proyectos de Protección Focalizada (PPF).
• La situación que viven los Centros de Protección y el mismo Sename, refleja la gran deuda que el país y el Estado chileno tienen con la infancia, y no solo con aquella vulnerada en sus derechos. Desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en 1990, las instituciones de la sociedad civil venimos planteando la necesidad de una ley integral de protección a la infancia que aborde el tema desde una mirada sistémica y que incluya el trabajo coordinado de los diversos actores involucrados.
• La necesaria división del Sename en Protección y Responsabilidad Penal Adolescente, no va a resolver, por sí sola, las dificultades actuales del sistema, peor aún si se materializa el desmembramiento anunciado por la Ministra de Justicia (Plan Protege), en el cual se saca de su tuición o del futuro servicio parte de los programas ambulatorios.
Algunas ideas clave para un nuevo sistema de atención y protección a la infancia:
• Se requiere implementar cambios legales e institucionales de fondo, articulados y que permitan sustentar en óptimos niveles la operación del sistema.
• Dichos cambios deben contar con recursos suficientes, ser planificados coherentemente y considerar tanto las innumerables iniciativas legislativas que ya se han hecho al respecto, como la experiencia acumulada con que cuentan las organizaciones que llevan años trabajando con la niñez y juventud.
• Se debe avanzar en la división del SENAME, asegurando que la creación de los dos nuevos servicios tenga recursos suficientes para la óptima operación del sistema. En este sentido, se debe eliminar la idea de que el Estado presta un “auxilio económico” a las instituciones colaboradoras, definiendo los costos reales de la ejecución de los diversos programas, y compatibilizando la cobertura de los programas con las reales necesidades de atención, de manera que el servicio se entregue de manera oportuna.
• En este sentido, el camino de la especialización es vel que permitirá construir un sistema de protección y garantías que sea eficaz. Es el Estado el que debe asegurar la protección universal y proveer los recursos necesarios para que los organismos de la sociedad civil puedan hacerse cargo de las intervenciones de carácter especializado.
• Cerca del 92% de los NNA que se encuentran en situación de vulneración de sus derechos, son atendidos de manera ambulatoria. A pesar de la importancia de las Residencias, la atención debe estar puesta en el sistema en general.
• Particularmente, el sistema residencial debiera ser pensando en una estructura menor, acogiendo sólo de 10 a 12 niños por centro; además de contar con los recursos suficientes para entregar un servicio digno y de calidad, sustentado en la profesionalización de la atención y el fortalecimiento de los proyectos de acogida familiar.
• Se debe invertir en programas y acciones preventivas. La acción temprana resulta más eficaz que intervenir cuando los derechos han sido vulnerados.
• Todo lo anterior exige un estrecho trabajo colaborativo entre el Estado y la Sociedad Civil, promoviéndose relaciones de colaboración horizontal en las que se favorezca el diálogo.
En la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado también expuso la Ministra de Salud Carmen Castillo, y representantes de otras instituciones colaboradoras del Sename.
– Intervención Fundación Ciudad del Niño en Comisión DD.HH. del Senado: http://goo.gl/njRoGn
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