Desde la perspectiva psicoeducativa imperante en los proyectos de Responsabilidad Penal Adolescente de la Fundación, consideramos fundamental centrarnos en el joven como persona, en su familia y entorno social, poniéndolo en el foco del sistema de atención. Por tanto, la mejor inversión para la sociedad es la prevención de la reincidencia en aquellos jóvenes que hayan infringido la ley.
Hoy resulta primordial, ante las corrientes que buscan endurecer las penas, evidenciar la importancia de un sistema de justicia juvenil integral (jurídico-psicocial) diferenciado del sistema penal adulto, relevando la etapa de desarrollo, la igualdad de oportunidades y el interés superior, con la finalidad de favorecer la reinserción social.
En momentos que se discute la propuesta de reforma al Sistema de Justicia Juvenil, es necesario abordar al menos dos elementos claves de un sistema destacados a partir de la evidencia.
Primero: La importancia de las competencias para la intervención con jóvenes infractores de ley. Sabemos que un pilar para una buena ejecución de los programas para jóvenes infractores de ley, lo constituye la competencia de los profesionales y técnicos que conforman los equipos, fundamentalmente porque es en la relación cotidiana y de proximidad donde se materializa la intervención.
Considerando los déficits existentes en la implementación de las políticas públicas y el caso específico de los programas RPA, se requieren profesionales con un alto grado de especialización para responder eficazmente a la interrupción de la conducta infractora (Cano, 2008; Yáñez, 2005). La reforma debe contemplar recursos para invertir en la formación de los profesionales y técnicos, dado que la calidad de un programa depende en gran parte de las habilidades y formación de su personal (Boruffard & Little, 2004).
Segundo: Formación especializada y modelos de transferencia. Se debe establecer un sistema de formación y transferencia de conocimientos, prácticas y posicionamiento ético, dada las diversas realidades en las cuales se aplican los diversos modelos de intervención. Es fundamental considerar mecanismos institucionales para el seguimiento de los procesos de formación a fin de generar las condiciones para la transferencia y la apropiación de contenidos (saber) por parte de los interventores del área de Responsabilidad Penal Adolescente.
Junto a la especialización de los actores judiciales, los directivos, profesionales y técnicos de los servicios directamente relacionados, tales como Senda (convenio Senda-Minsal-Sename), servicios de salud y educación, requieren formación, desarrollo de competencias y actualización permanente respecto a delincuencia juvenil, rehabilitación del consumo de sustancias psicoactivas y curriculum específicos para la educación.
Lo señalado, con el objetivo de construir conjuntamente un sistema integral-contextual con foco en el adolescente. Establecer un nivel de formación, conocimiento y capacidades a nivel de prácticas que facilite y promueva la comunicación entre los actores de los diversos sectores involucrados, es fundamental para la reinserción social de los adolescentes.
*Intervención del Investigador del Departamento de Estudios de la Fundación, Claudio Andrade, en el “Ciclo de Debates de la Agenda Legislativa sobre Infancia y Adolescencia”, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional, el Centro de Extensión del Senado y Unicef.
Metro Tobalaba
