El Presidente de Fundación Ciudad del Niño, José Pedro Silva, planteó a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, que el proyecto de ley sobre “Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez”, presenta debilidades en aspectos que resultan fundamentales para asegurar una efectiva protección de los derechos de los niños, y en especial de aquellos más vulnerables.
Junto con valorar la preocupación por legislar en esta materia, el Directivo -quien concurrió a la Comisión acompañado del Gerente General, Edmundo Crespo-, abordó cinco puntos críticos del texto legal, como son la protección administrativa y judicial; el rol de los padres y madres; las responsabilidades de los niños y niñas; el papel de la sociedad civil y el tema de la prevención.
José Pedro Silva planteó que la denominada “desjudicialización” del sistema frente a vulneraciones de derechos de responsabilidad de las familias o de terceros, podría afectar la atención de los niños si no se dispone de los recursos económicos y técnicos para implementar un régimen administrativo especializado que, además, dé garantías de eficacia, objetividad y cumplimiento de las medidas adoptadas.
Respecto al rol de los padres y madres como orientadores, responsables y guías en el ejercicio de los derechos de la infancia, lamentó que su autoridad se vea “debilitada” frente a derechos como el de la intimidad y el desarrollo de la vida privada de los niños, en el marco de la autonomía progresiva que consagra el texto legal, pues ello no se condice con el rol propio de la autoridad paterna.
También manifestó preocupación porque el proyecto omite las responsabilidades y deberes que corresponden a los niños como razonable correlato a sus derechos. Al respecto, destacó que en 16 de las 19 legislaciones y códigos de infancia de América Latina y el Caribe, se establece explícitamente que los niños, niñas y adolescentes son, a la vez, sujetos de derechos y de deberes o responsabilidades, aunque en ningún caso se debe condicionar el ejercicio de derechos al cumplimiento de deberes.
El Presidente de la Fundación agregó que pese a que las organizaciones de la sociedad civil ejecutan el 95% de la oferta de programas para niños, niñas y jóvenes del Sename, el proyecto no explicita el rol que tendrán en el nuevo sistema ni los presupuestos asociados. “Tampoco arroja luces sobre la estructura, atribuciones y especialización en la protección de derechos, elementos centrales para abordar tanto las situaciones de vulneración, como las de infracción a la ley por parte de los adolescentes”, señaló.
Agregó que la ausencia de programas y acciones preventivas (salvo las ya existentes en Educación y Salud) constituye otra de las debilidades del proyecto a la que se debe poner atención. “Actuar tempranamente, y no sólo cuando los niños y jóvenes han sido víctimas de abusos o han incursionado en prácticas delictivas, resulta más eficaz y permite entregar oportunidades a ellos y a sus familias”, indicó.
Finalmente, José Pedro Silva instó a las autoridades gubernativas y legislativas, a introducir aquellos ajustes y perfeccionamientos que resultan imprescindibles para hacer efectivos los derechos de los niños. “Si no se acorta la distancia entre los objetivos declarados en el proyecto y las herramientas que se requieren para garantizar esos derechos, el sistema que se pretende crear no pasará de ser una aspiración”, concluyó.
Metro Tobalaba
